Date y cuenta

El caso de una estudiante de la Universidad de Cornell que denunció haber sido víctima de agresión sexual en 2024 volvió a la discusión pública después de que, en 2026, presentara una demanda civil contra la universidad y siete estudiantes. A partir de nuevos elementos incorporados al caso, la fiscalía decidió reabrir la investigación penal. En este episodio de Date y Cuenta revisamos qué ocurrió en 2024 y qué cambió dos años después.

En este episodio de Date y Cuenta, comentamos los resultados de la prueba PISA y lo que implican, junto con la maestra Mónica Bañuelos, licenciada en educación primaria, quien nos comparte su perspectiva sobre la evaluación educativa en el país.

En este episodio analizamos la cobertura mediática del multihomicidio de Atizapán y la manera en que los medios construyen y narran hechos violentos.

En este episodio de Date y Cuenta, el equipo investiga la ola de regulaciones que ya alcanza a 19 estados mexicanos para restringir el uso del celular en las escuelas, incluida la reciente reforma aprobada en la Ciudad de México. Con la voz de la diputada Laura Álvarez y la mirada experta de la Dra. Sandra Montes de Oca, directora de Psicología de la Ibero, exploramos qué hay detrás de esta tendencia: distracción, ciberacoso, convivencia escolar... pero también las oportunidades educativas que se pierden al guardar el teléfono. Comparamos la experiencia de países como Países Bajos, Francia, Reino Unido y Estados Unidos para responder la pregunta que de verdad importa: ¿sacar el celular del salón realmente cambia algo, o el reto está en enseñar a usarlo bien?

Este episodio aborda la problemática del robo y desaparición de recién nacidos en México, una de las facetas más dolorosas de la crisis de personas desaparecidas en el país. A través del análisis de un abogado especialista en derecho penal y los testimonios de la líder del colectivo de madres buscadoras, el programa examina los vacíos legales y la negligencia institucional en relación al tráfico infantil. Asimismo, se expone la labor en campo de las familias para localizar a sus hijos y se proponen exigencias puntuales de reforma jurídica para combatir la impunidad en este delito.