El Primer Café

Economistas de El Primer Café coincidieron este jueves en la necesidad de priorizar la inversión pública en el Presupuesto 2027, debido a su impacto sobre el crecimiento y el empleo, aunque manifestaron diferencias respecto de la política fiscal desarrollada hasta ahora por el Gobierno.

El investigador de Rumbo Colectivo Rodrigo Echecopar manifestó preocupación ante la posibilidad de que las restricciones fiscales terminen concentrando los recortes en inversión pública.

La economista senior de Libertad y Desarrollo Macarena García coincidió en la importancia de proteger la inversión pública, aunque discrepó del diagnóstico de Echecopar respecto de la responsabilidad del actual Gobierno en su menor ejecución.

Desde Chile 21, Luis Eduardo Escobarsostuvo que existe un punto de acuerdo transversal entre García y Echecopar respecto de la relevancia de la inversión estatal.

El economista del Instituto Libertad Gustavo Díaz, por su parte, reconoció que un crecimiento reducido del gasto representa "un desafío importante", pero llamó a complementar el presupuesto con otras herramientas para incentivar la actividad.

El Primer Café, con Cecilia Rovaretti.

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La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, planteó que la oposición debe iniciar una conversación política que vaya más allá de la alianza tradicional "desde el PC a la DC", tras la derrota sufrida por el sector. La exministra afirmó que las colectividades progresistas deben revisar su estrategia y explorar coincidencias con otros actores políticos en torno a la defensa de la democracia liberal, las libertades públicas y los derechos humanos.

Además, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, recomendó al Presidente José Antonio Kast restarse del V Encuentro Regional del Foro Madrid, que se realizará el próximo 3 de septiembre en Santiago. El parlamentario confirmó que su partido no participará en la cita y sostuvo que la presencia del Mandatario podría provocar tensiones políticas dentro del oficialismo.

Por su parte, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, confirmó que su colectividad participará en el encuentro, aunque dijo no tener información sobre una eventual asistencia del Presidente Kast. "Creo que es una buena instancia para que se puedan debatir también ideas en la lógica, efectivamente, de la batalla cultural, que son necesarias", expresó el dirigente.

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Los diputados Agustín Romero (Republicanos) y Ximena Ossandón (RN) defendieron que la reforma constitucional en materia de seguridad permanezca en el Congreso, pese a las críticas transversales que provocó la iniciativa y a las voces que piden al Gobierno retirarla.

Romero afirmó que quitarle la urgencia fue una decisión "lógica y evidente" para buscar acuerdos, pero advirtió que el debate debe desarrollarse públicamente en el Parlamento. "El lugar donde hay que discutirlo es en el Congreso Nacional. Retirar el proyecto no va a hacer que el problema del narcotráfico y el crimen organizado desaparezca", sostuvo el diputado republicano.

Por su parte, la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, también cuestionó aspectos centrales de la reforma. Advirtió que no se puede dejar una Constitución habilitada para que una futura autoridad haga un uso indebido de facultades excepcionales. Pese a ello, la legisladora respaldó que el proyecto continúe su tramitación y valoró la decisión de retirar la suma urgencia.

Desde la oposición, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, rechazó que retirar la iniciativa implique trasladar el debate a una negociación a puertas cerradas. El legislador calificó la reforma como "innecesaria" y "riesgosa para la democracia", y planteó que el Ejecutivo debe concentrarse en una agenda de más de 30 proyectos de ley sobre seguridad.

En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, descartó que los partidos opositores busquen negociar fuera de las instituciones. "Ni cocina ni al golpe avisa, porque de lo que se trata es de un proceso con transparencia total frente a un tema muy sensible y de primer orden", manifestó.

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Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, descartó que el Ejecutivo tenga una orientación autoritaria o iliberal, y sostuvo que la amplitud de la propuesta puede ser interpretada como una táctica para iniciar su negociación en el Congreso. "Yo lo que creo aquí es que el Gobierno, más bien básicamente por cómo se retrotrae, el Gobierno tiró el tejo pasado. Esa es mi impresión", afirmó.

Sebastián Depolo, integrante de Rumbo Colectivo, rechazó la tesis del "tejo pasado" y cuestionó que la seguridad pueda utilizarse como una herramienta de negociación política o legislativa. "Yo no creo en la tesis del tejo pasado, o si hay tejo pasado, lo encuentro de una irresponsabilidad absoluta", respondió.

Luis Ruz, presidente del directorio del Centro Democracia y Comunidad, coincidió en que la discusión debe considerar el equilibrio entre los poderes del Estado y no limitarse a la eficacia o popularidad de las medidas. Según explicó, la propuesta invierte la lógica habitual de los estados de excepción porque "en vez de que el Poder Legislativo autorice primero, acá la propuesta del Gobierno más bien el Presidente actúa y luego el Congreso revisa", sostuvo.

Rodrigo Ubilla, director del área política y sociedad de Libertad y Desarrollo, defendió la necesidad de entregar nuevas herramientas al Estado ante la expansión del crimen organizado, pero llamó a determinar primero qué materias deben quedar en la Constitución y cuáles pueden regularse mediante leyes orgánicas.

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Según el excanciller Ignacio Walker, la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y la acción comunicacional de traslado de reos a Talca marcan la llegada al país de la política al estilo Bukele: "la semana pasada Nayib Bukele hizo su entrada en la política chilena, el plan Cancerbero, con su fanfarria comunicacional, pero sobre todo la reforma constitucional sobre seguridad, corresponden al método Bukele: efectismo comunicacional y una reforma iliberal, que atenta contra aspectos básicos del régimen constitucional y democrático chileno".

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) planteó que "todos tenemos claro que hay que detener el crimen organizado, el terrorismo, los problemas del narcotráfico, si el problema es porqué lado se baja uno del caballo (...) es importante el modelo de contrapesos y esta reforma tiende olímpicamente, por los menos por 240 días, a saltarse al Congreso y al Poder Judicial. Yo prefiero que sea lento, la democracia no es la más rápida, pero a la larga es la mejor, que sea lento pero que haya debido proceso", insistió.

El diputado republicano Luis Sánchez Ossa recalcó que "obviamente este es un proyecto de ley de alto impacto, es un tema muy relevante porque va al nervio de los grandes problemas que estamos teniendo hoy día, la crisis de inseguridad y muchos de ellos pasan por la interpretación que en tribunales se da de ciertas normas y como eso impacta en lo que todos solemos denominar la 'puerta giratoria' y el garantismo".

Finalmente, el exministro Cristián Monckeberg (RN) lamentó que "la discusión central se la lleve una reforma que a todas luces hay que mejorar, pero yo prefiero la discusión honesta, legítima, en el Congreso, de un proyecto como esto, que me imagino va a tener muchas modificaciones, a no hacer nada o a hacer más de lo mismo".

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