El saqueo de las empresas fantasma es creciente y exponencial. Vamos de mal en peor. La realidad se impone. Se quiera o no, su combate tendrá que asumirse como una 'decisión de Estado', como sucede con el terrorismo y el narcotráfico. Así lo explico en este podcast.

Un día nos enteramos de que la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] ordena el aseguramiento de cuentas bancarias de una persona o empresa y a las pocas semanas leemos que un juez de amparo ordena el desbloqueo de las mismas. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es clara y terminante: la UIF no solo carece de un procedimiento legal que la legitime para bloquear cuentas, sino que para ello necesita, por mandato constitucional, de que un juez federal se lo autorice. De esto trata mi podcast de esta semana.

Junto con más de 130 países, México asumió el compromiso de establecer un nuevo impuesto a las empresas multinacionales, con efectos a partir de 2024, como parte de un proyecto mundial para incrementar la recaudación fiscal sobre grandes consorcios internacionales.

Los compromisos fiscales internacionales de nuestro país, una mayor certeza jurídica a a los contribuyentes y la efectividad en el combate a la evasión fiscal, hacen necesaria una reforma de gran calado en el sistema tributario para 2024. Así lo explico en este podcast

La Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la reforma penal fiscal de 2020, cuyo propósito fundamental fue introducir la prisión preventiva oficiosa (automática) en los delitos de evasión fiscal y la compra-venta de facturas falsas. ¿Esto significa que esa medida cautelar no se aplicará a dichos delitos? Aquí lo explico