Cuando diseñó su Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno Petro creó unas normas que le permitían hacer contratos directos con organizaciones llamadas asociaciones público populares, entre las que se encuentran juntas de acción comunal, cabildos y resguardos indígenas, y podían contratar obras públicas como vías en las regiones. La Corte Constitucional determinó que ese tipo de contratos no era transparente y significaba una extralimitación de poderes del gobierno. Pero antes de que las tumbara, el Estado alcanzó a firmar más de 80.000 de estos contratos y destinar 31 billones de pesos. ¿Está relacionado esto con la participación de grupos indígenas en marchas y protestas organizadas por el gobierno? Además, desarrollo de algunas de las noticias de las últimas horas en esta edición del pódcast para el fin de semana.
¿Quiere recibir a través de Whatsapp la notificación de cada nuevo episodio? Siga este hipervínculo y únase a la comunidad de 'El café de hoy'.
Dirección y conducción: Carlos Solano.
Licencia de música: Audionetwork.