Noticias de América

• Nicaragua: ‘No se sabe si continúan con vida’, dice hija de Rivas Reed a RFI

  Hace menos de 50 dias, el excapitán del ejército nicaragüense, Aníbal Martín Rivas Reed, fue detenido en Matagalpa, al norte del país. Hace unos días su familia se enteró que Rivas Reed fue juzgado arbitrariamente y condenado a 50 años de cárcel por el delito de traición a la patria. Aunque su única infracción sería abandonar las filas del ejército hace 20 años y alzar la voz como disidente, según nos comentó su hija Sadie Rivas. “Yo creo que lo que pudo haber hecho mal mi papá, es que la honestidad, la valentía y, sobre todo, los principios básicos de lo que los instó incluso en algún momento a luchar por su país, son lo que a ellos no les compete”, explica Sadie Rivas en cuanto a las razones de la condena de su padre, el excapitán nicaragüense Aníbal Martín Rivas Reed. Según ella, los valores con los que se crio su padre y que hicieron que se rebelara ante “ellos y todo lo que estaba sucediendo, para ellos eso es más que suficiente”. La detención y encarcelación de su padre se engloba dentro de una nueva envestida represiva de opositores que incluye exmilitares, exalcaldes y exconcejales. Un grupo de 14 personas que fueron detenidas por el régimen de Daniel Ortega hace varios meses y de las que hasta la fecha no hay información. “También antes de esta redada, en el 2023, habían sido detenidos unos señores retirados del Ejército, cuyo paradero se desconoce. No se sabe dónde están desde hace mucho tiempo, o sea, desde que se los llevaron. No se sabe en qué condiciones los tienen y mucho menos si continúan con vida”, denuncia Sadie Rivas. Paradero desconocido Y su temor se acrecienta tras la noticia del asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam: “A don Roberto lo conozco desde el 2018, cuando ambos nos tuvimos que exiliar en Costa Rica, y también porque estuvo muchísimo tiempo presente, siendo un crítico muy fuerte del régimen y una cara muy visible”, cuenta Sadie. “Y él era una de las personas también que tomaba muchísimas medidas de seguridad y eso era como una amenaza más latente a la inseguridad que tenemos nosotros, y sobre todo a las personas que estamos en este momento siendo rostros visibles, denunciando las arbitrariedades que comete el régimen”, recalca. Ante el incremento durante los últimos meses de detenciones forzadas en Nicaragua, organismos de derechos humanos piden “pruebas de vida” de esas personas que fueron detenidas por el régimen y de las que hasta la fecha no hay información. La última en sumarse fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instó al Estado a informar sobre el paradero y las condiciones de reclusión de estas personas.

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• La Corte Suprema de México elimina la prescripción por lo civil para los casos de abusos sexuales a menores

  Los delitos sexuales contra menores ya no prescribirán por lo civil en México, así lo decidió la Corte Suprema de ese país. Esta sentencia abre el camino a las víctimas de ese tipo de abusos para que obtengan justicia por la vía civil sin que se apliquen plazos de prescripción. La violencia sexual contra niños y adolescentes es "imprescriptible", así lo juzgó por unanimidad la Corte Suprema de México al fallar a favor de la cantante Sasha Sokol, quien denunció abusos por parte de su ex productor, Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años e integraba un famoso grupo musical. Este caso fue muy mediatizado por tratarse de dos personajes del ámbito artístico. Kendra Carrión Vivar, doctora en Ciencias Políticas y profesora adjunta en el Tecnológico de Monterrey de México, recalca la importancia de este dictamen. “Es un gran precedente para las víctimas de abuso sexual, no sólo para los menores actuales sino también para todas aquellas personas que siendo niñas pudieron ser víctimas de esos horrorosos delitos. Es importante saber que esta decisión se toma en el ámbito de lo civil y en México la imprescriptibilidad ya operaba en lo penal, pero en materia civil había plazos de dos a diez años, así que la víctima no acudía en estos plazos, ya no podía alegar daños morales”, explica a RIF Kendra Carrión. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil, con más de 4,5 millones de menores afectados anualmente. Montserrat Villamar, coordinadora nacional de abogacía de la organización de desarrollo social Aldeas Infantiles SOS México, informa sobre los problemas que enfrenta el sistema de justicia mexicano en el proceso de denuncia de casos de abuso sexual. “Este tipo de problemáticas está normalizado y el sistema de justicia en México puede ser ‘revictimizante’ porque es un proceso muy largo y muy complejo. Inhiben más bien que las víctimas denuncien. Este precedente de la Corte Suprema ayuda y da certeza jurídica a las víctimas y a organizaciones”, asegura a RFI Villamar. En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia mexicano condenó al ex productor de Sasha Sokol por daño moral, le ordenó disculparse con la cantante y pagar una indemnización por reparación del daño, la cual se fijaría posteriormente.

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• Recta final del juicio al expresidente colombiano Uribe por soborno y fraude procesal

  La Fiscalía de Colombia pidió esta semana una condena por soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe. Es el primer exmandatario colombiano en enfrentar un juicio penal en la historia del país. Entrevistamos al senador Iván Cepeda sobre este caso. Desde hace más de un año, el expresidente colombiano Álvaro Uribe es juzgado por supuestas presiones a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta relación con los escuadrones antiguerrillas. Cadena de falsos testimonios Este histórico proceso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por “buscar testimonios falsos” en cárceles para vincularlo con paramilitares. El senador, por su parte, acusa al expresidente de falsificar la verdad. “Uribe ha desplegado un inmenso esfuerzo por intentar eludir su responsabilidad penal, y el problema es que se ha desatado en cadena este intento de falsificar la verdad. Entonces se han ido acumulando los falsos testigos. Él tiene unos abogados oficiales, pero contrató unos abogados en la sombra. Personas que, francamente, han actuado de una manera delictiva. El abogado principal que utilizó Uribe para esa clase de manejos ilegales está hoy en juicio también, el señor Diego Cadena, que es un abogado que se hace llamar a sí mismo ‘abogánster’”, explica Cepeda. “Y hay otros intervinientes que han sido testigos o intermediarios de testigos que también están en juicio. Este juicio lo están afrontando también en otros escenarios, otras cinco personas. Y hay 19 de esos falsos testigos que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado investigar. Entonces, el aparato que ha actuado está hoy seriamente interpelado por la justicia”, prosigue. “Está marcando un camino” La fiscal a cargo del caso, Marlene Orjuela, declaró en una audiencia que las pruebas sobre la responsabilidad del expresidente son “concluyentes”. El juicio avanza contra reloj, debido a que puede prescribir la segunda semana de octubre si no hay veredicto. Sin embargo, el senador Cepeda se muestra optimista y recalca la importancia de este juicio. “En Colombia ha existido una especie de manto de impunidad, de escudo de impunidad, para proteger a quienes han ejercido las máximas responsabilidades y quienes tienen el mayor poder en la sociedad colombiana. Así que esto está marcando un camino. Y es que no solamente guerrilleros, paramilitares, militares, sino también civiles que tradicionalmente han escapado a la justicia, sean llamados a rendir cuentas”, estima. “Ahora bien, esto también puede, si se interpreta correctamente, ser un camino hacia la reconciliación, hacia la paz, porque el poder satisfacer la justicia y los derechos de las víctimas es una base sólida para la paz y para la democracia”, concluye. Desde el inicio del juicio, Álvaro Uribe ha negado las acusaciones y asegura que se trata de un juicio con motivos políticos. Se espera que a finales de julio la jueza Sandra Heredia pueda emitir un fallo.

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• Preocupación en Ecuador ante nueva ley que endurece las penas para adolescentes infractores

  Ecuador aprobó una ley que endurece las penas para adolescentes vinculados al crimen organizado, una medida adoptada en medio de una ola de violencia sin precedentes que mantiene en jaque a las fuerzas del orden. Esta violencia es atribuida en gran parte al narcotráfico. El Congreso de Ecuador aprobó la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye medidas para endurecer las penas contra menores de edad. Algunas de las reformas de esta ley, aprobada con 84 votos a favor sobre 148 legisladores, están generando gran preocupación en las organizaciones de defensa de los derechos humanos de los niños y adolescentes. “Perpetuar la violencia y acrecentarla” Estas organizaciones temen que los menores no solo sean imputados como adultos, sino que también sean encarcelados junto con presos mayores de edad. Eva Peñafiel, subdirectora nacional y vocera de la organización de desarrollo social Aldeas Infantiles SOS, es una de las voces que rechazan esta medida. “Si un adolescente de 14 o 13 años comete un delito, podría estar juzgado como adulto y tener una condena de 15 años en una cárcel común. Hay otro elemento importante que hay que ver: no van a estar inmersos en circuitos específicos para adolescentes. Ya de plano en el país no tenemos una estructura o un marco de justicia juvenil adecuada que rehabilite a adolescentes. Hay un sistema que lo que hace muchas veces es perpetuar la violencia y acrecentarla en estos circuitos”, explica. “Nosotros, junto con otras organizaciones, nos sumamos a este rechazo público y de exigibilidad constante de que pueda ser revisada la ley, que se nos convoque a las organizaciones que trabajamos por la protección de derechos. Que esto sea un proceso mucho más reflexivo”, recalca Peñafiel. “Construir un enemigo simbólico” La Ley Orgánica de Integridad Pública es el segundo proyecto de ley del presidente ecuatoriano Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes. Las medidas defendidas en esta ley buscarían reforzar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, Santiago Cuahuasqui, abogado e investigador del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, se muestra escéptico y crítico respecto a la efectividad y a las intenciones de esta ley. Para él, se trata más bien de “un cálculo político, porque justamente se está tratando de construir un enemigo simbólico, viendo justamente al menor delincuente para mostrarse mano dura, que es algo que la población ve con buenos ojos. Sin embargo, esta mano dura no se ve que va en contra de las economías criminales y del corazón del crimen organizado, sino más bien en contra de los menores delincuentes, de los menores infractores en los sectores con mayor desigualdad social, con mayor pobreza”. “Son esos sectores los que pasan a engrosar al crimen transnacional. Y sin embargo, estos sectores a los cuales se les ha imposibilitado seguir con los estudios secundarios o tener oportunidades de trabajos juveniles, por ejemplo, son a los que la fuerza pública los toma como una estrategia de mano dura para demostrar la eficacia del Gobierno”, denuncia Cuahuasqui. El año pasado, en Ecuador, más de 3.500 menores fueron detenidos en operativos contra las bandas criminales, según datos del Ministerio del Interior.

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• Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento electoral ilegal

  Esta semana en Costa Rica la Fiscalía acusó al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Fue detenido, además, Celso Gamboa, exministro de Seguridad, solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El presidente, que 'acumula unas 60 acusaciones', está tratando de 'evitar los procesos en su contra', dijo a RFI el exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese.  La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento político ilícito; habría utilizado cuentas personales para eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político. Al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas se les acusa de presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022. En concreto, se les acusa de utilizar "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático. Por su parte, el mandatario ha contraatacado acusando a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de obstaculizar sus iniciativas de gobierno. El exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, ha criticado en los micrófonos de RFI los motivos que impulsan al presidente a acusar al poder judicial y al poder legislativo. El presidente tiene 'decenas de procesos' pendientes  "El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público. Esa es la razón que lo ha inclinado a atacar constantemente al Fiscal General de la República, a los jueces y, sobre todo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que ver en un primer momento con su eventual encausamiento. Me parece que lo que él está tratando es de evitar los procesos. Así ha sido con todos los procesos que tiene. Son decenas de procesos de muy diversa índole. No solo por el financiamiento de su campaña electoral, sino por nombramientos, por la administración de fondos, por una serie de acciones que ha realizado o por su intento de sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública. Él ha mandado dos veces un proyecto de ley para evitar los controles de la utilización de los fondos del Estado. Esto, en cualquier país civilizado del mundo, es inaceptable". Los problemas legales no solo afectan al oficialismo; las autoridades han detenido al abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal entre 2013 y 2018. Gamboa ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según informó la policía de investigación judicial. Francisco Dall'Anese lamenta que este arresto esté siendo utilizado políticamente por el ejecutivo. "El ministro de Seguridad Pública ha hecho un par de intervenciones en Facebook tratando de significar que la extradición del exministro Celso Gamboa es obra del Poder Ejecutivo, cuando en realidad, de acuerdo con la ley, esto ha dependido de una solicitud tramitada ante el Poder Judicial y ejecutada las órdenes de los jueces por la Policía Judicial. En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo", subraya. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

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