Hacer referencia al IRPF, o al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es hacer referencia a uno de los tributos más importantes y más conocidos de España. No obstante, más de 20 millones de personas presentan su declaración de la renta cada año en nuestro país.Este impuesto, tal y como lo conocemos ahora, es relativamente reciente, ya que fue aprobado en 1978. Pero sus raíces, en España, están mucho más atrás. En concreto, hay que retroceder hasta mediados del siglo XIX. Es una época convulsa, repleta de cambios, que se puede apreciar en fenómenos como el de la industrialización, la revolución burguesa o un incipiente sufragio universal, que daba sus primeros pasos.A esta metamorfosis social no iba a ser ajena la economía. Había políticos en el Antiguo Régimen que ya estaban presionando para unificar la infinidad de impuestos de todo tipo que había en España. Y es en 1845, con la aprobación de la Constitución de la monarquía española, cuando se introduce el primer sistema tributario general. Esta reforma fiscal estaba impulsada por el ministro de Hacienda de la época, el asturiano Alejandro Mon, junto con otras figuras como Juan José García Carrasco, su predecesor en el cargo, o el militar Ramón de Santillán, que acabaría convertido en el primer gobernador del Banco de España.La simplificación y modernización que llevó a cabo del sistema tributario, que puso a España en la vanguardia entre los países de su entorno, y cuya sombra perdura hasta nuestros días, destacaba por la simplificación del abanico de impuestos existentes, y por extenderlos a toda la población.Tributos clásicos, algunos tan populares como los diezmos o las alcabalas, pasaron a mejor vida. Otros, igual de pintorescos, como los impuestos a la sal, a las minas o a los títulos, aún perduraron. El objetivo de Mon y sus colaboradores era eliminar las barreras al crecimiento económico.Con estas bases asentadas, se profundizo en la idea de extender los impuestos a toda la población. Por ejemplo, en 1870 se impulsa el impuesto de cédulas personales, y poco después el repartimiento municipal.Ya en el siglo XX, y siguiendo la misma línea, José Calvo Sotelo, con el apoyo de Ramón Gómez de la Serna, sienta las bases de la Ley de Reforma Tributaria, allá por 1926. Sin embargo, la dictadura de Primo de Rivera no logra ponerla en marcha.Sin embargo, sirve de referencia para que, ya en la II República, se aprueba el que podría considerarse como el primer impuesto sobre la renta. Se trata de la Ley Carner, nombre que hace referencia al ministro de Hacienda de la época, y que se conoció como la 'contribución general de la renta', que entró en vigor en 1933. Solo tenían que presentarla unas 5.000 personas, ya que tenía un mínimo exento de 100.000 pesetas anuales, que era una cifra más que importante para la época. Y, aun así, solo lo hicieron 3.000. Por si fuera poco, su periodo de vigencia tampoco fue excesivo, ya que tras la Guerra Civil desapareció. Pero fue un precedente para lo que vendría después.Hay que saltar a 1977, ya tras la dictadura, y en el marco de los Pactos de la Moncloa, para sentar las bases del sistema tributario moderno, en vigencia hasta nuestros días. Estaba impulsado por Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda de Adolfo Suárez, que no estaba nada satisfecho con el impuesto general sobre las personas físicas existente, ya que consideraba que ni era un impuesto, ni era general, ni era sobre la renta.Así, en 1978, y con un amplio consenso político, nace el IRPF moderno. Contaba con 28 tramos, lo que lo hacía mucho más complejo que en la actualidad, cuando solo tenemos 6, y el gravamen llegaba a alcanzar el 65,5%. En este caso, era obligatorio presentarlo para las personas que cobrasen más de 300.000 pesetas, una cifra ya más asumible, que obligó a desplegar importantes campañas para crear una cultura de la contribución. Incluyendo el famoso eslogan 'Hacienda somos todos'.En estos casi 45 años el impuesto no ha dejado de innovar y desarrollarse, en todos los sentidos. Con novedades que incluyen desde la cesión de una parte del impuesto a las Comunidades Autónomas, la reducción de tramos que comentamos anteriormente... Mientras que otros detalles están más relacionados con la usabilidad y la digitalización, que gracias al desarrollo de internet permite que ahora la declaración se pueda entregar online, lo que permite facilitar y simplificar el proceso.¿Para todos? Pues debería ser así, pero hay un colectivo, el de los trabajadores autónomos, para los que la cita anual con Hacienda se convierte en un pequeño reto. Es un trámite que, por las particularidades de su actividad y de la relación con la Administración, deben llevar a cabo con especial cuidado. De hecho, si no presta la suficiente atención al proceso puede perder la oportunidad de ahorrar, gracias a las deducciones de las que puede beneficiarse.Entre los gastos más habituales que pueden deducirse, encontramos las propias cuotas que pagan a la Seguridad Social, las nóminas de los trabajadores, la factura de teléfono, la asesoría, herramientas digitales contratadas, marketing y publicidad, material de oficina, formación, desplazamientos...Pero hay un concepto más que pueden deducirse, y que no siempre tienen en cuenta: los seguros, que en muchos casos pueden desgravarse, como recuerdan desde AXA.ES. Es posible deducir las primas devengadas o satisfechas por contratos de seguros de bienes, derechos, y productos necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, y también determinados seguros vinculados al propio autónomo.Por ejemplo, en el caso del seguro de responsabilidad civil general, o profesional, permite desgravar la cantidad total de lo pagado en primas, aunque como advierten desde AXA.ES, es necesario que las coberturas contratadas estén centradas en proteger al autónomo frente a las eventualidades relacionadas con su actividad económica.Otro seguro a tener en cuenta, aunque en este caso no está directamente relacionado con la actividad económica del autónomo, es el seguro médico. El seguro de enfermedad es deducible, aunque solo en la parte correspondiente a la cobertura de enfermedad o asistencia sanitaria. Pero en este caso establece un límite de 500 euros anuales sobre el total de primas pagadas por el autónomo y por cada familiar con cobertura.También se puede desgravar el seguro del vehículo, pero siempre que tenga relación con la actividad: Transporte de mercancías, de viajeros, formación de conductores, desplazamientos profesionales... Pero, de nuevo, advierten desde AXA.ES, que, en el caso de las motos o los turismos, hay que demostrar que se utilizan, únicamente, para el trabajo. Si se produce un uso personal, aunque sea mínimo, Hacienda no permite la desgravación.Por último, otro tipo de seguro habitual que puede llegar a declararse es el del hogar, aunque en este caso es necesario que el autónomo trabaje en casa, y que la proporción que trate de desgravar coincida con la destinada en la vivienda a la actividad.Se trata, en definitiva, de un recordatorio de que, si los autónomos no declaran bien todos los gastos de su actividad, el beneficio neto será más elevado, y por lo tanto terminarán pagando más en el resultado final. Es necesario hacer la declaración de forma correcta y planificada.Este capítulo cuenta con el patrocinio de AXA.ES. La edición sonora y la selección musical han corrido a cargo de Remo Vicario. Mientras que el guion y la locución son mías, y soy Javi Calvo

Mucho se debate en los últimos tiempos sobre si la jornada laboral de 40 horas semanales repartidas en cinco días se adecúa al estilo de vida de la sociedad actual. Lo que no deja lugar dudas es el tiempo que lleva implantada en nuestro país: más de 100 años. Los inicios de esta rutina laboral están en la que muchos definen como la huelga más exitosa hasta la fecha en la mejora de los derechos de los trabajadores. El título no es para menos: de ella salió la primera ley de Europa en fijar el máximo legal de horas de trabajo diarias en ocho, aunque para ser justos con la historia, varios siglos atrás, y también en España, ya se había realizado el primer acercamiento a la reducción de jornada mediante un decreto firmado por el mismísimo Felipe II.En febrero de 1919 tuvo lugar una huelga en Barcelona que paralizó la ciudad y la industria catalana durante 44 días y que cambió la historia del país. Se inició en la 'Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited', una eléctrica de origen anglo-canadiense que en España operaba a través de la sociedad Riegos y Fuerzas del Ebro. El nombre tan engorroso quedó reducido a 'La Canadiense', como se la conocía comúnmente en las calles.Al frente del movimiento estaba la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sindicato en auge en aquellos años que dirigió no solo los paros sino también las repetidas acciones de insumisión civil que ayudarían a sentar las bases de la jornada laboral hoy vigente. Pero vayamos por partes: ¿a qué se debió la huelga? El germen está en la bajada de sueldo que afectó a parte del personal de oficina de la compañía después de que se les pasara de temporales a fijos. La buena nueva del cambio de contrato quedó empañada por la rebaja salarial comunicada el 2 de febrero. Ocho de los afectados, que eran miembros de la CNT, iniciaron la protesta y fueron despedidos por la empresa, lo que terminó de caldear el ambiente al ver también coartada su libertad de sindicación. El 5 de febrero, los trabajadores del departamento de facturación se sumaron al paro para exigir la readmisión de los despedidos y elevaron la queja hasta hacerla llegar incluso al alcalde, Antonio Martínez Domingo. También fueron despedidos, y el guion se repitió; trabajadores de más secciones se unieron al movimiento y llegó un punto de no retorno. Para el 8 de febrero ya casi la totalidad de la plantilla estaba en huelga e incluso el paro se extendió a otras empresas, como Energía Eléctrica de Cataluña.Los trabajadores de La Canadiense conocían su poder y lo utilizaron. De la compañía dependía el suministro eléctrico de otras muchas industrias, que se vieron forzadas a parar la producción. Con la sartén por el mango, los huelguistas expusieron a la empresa varias condiciones para reanudar la actividad, entre ellas, la readmisión de los despedidos o una subida salarial... y todo sin represalias. La respuesta de la empresa llegó dos días después a través de un comunicado en el que sólo denunciaba el oportunismo político de los sindicatos.La situación se recrudeció en pocos días, aunque el 12 de febrero se documentó uno de los capítulos más terribles de la protesta: el asesinato de un cobrador que se negó a secundar el paro. El suceso, sin embargo, no significó el fin de la huelga. Los trabajadores de todos los ámbitos empezaron a ver margen para conseguir una mejora de las condiciones y el día 17 se sumaron las empresas del textil. Para el 21 la huelga ya afectaba a todo el sector eléctrico y el 27 se había extendido también a las compañías de agua y gas. La industria catalana casi en su totalidad estaba paralizada y, por tanto, lo estaba la ciudad.Los intentos del Gobierno del momento que dirigía Álvaro Figueroa y Torres (Conde de Romanones) y de la Alcaldía por restablecer los servicios no llegaron a buen puerto. Las exigencias de los obreros se apilaban, como lo hacían las amenazas desde los despachos: quienes no volvieran a trabajar el 6 de marzo serían despedidos. De nuevo, la amenaza tuvo el efecto contrario. El 7 de marzo se unió el sector ferroviario y el 12 el paro ya era general pese a que las miles de detenciones que se acumulaban para entonces. Se dice que el castillo de Montjuic llegó a contar con casi 3.000 presos.El 13 de marzo el Gobierno accedió a la negociación, todo esto bajo un estado de guerra decretado y la censura de prensa vigente. Entre los días 15 y el 16 de marzo se cerró un acuerdo por el que se ponía fin al conflicto, se restablecía la libertad para los presos sociales, se readmitía en sus puestos de trabajo a todos los huelguistas (con mejora salarial incluida y el pago la mitad del mes que duró la huelga) y se estableció la jornada laboral máxima diaria de ocho horas. Fue aceptado el 19 de marzo y la huelga de La Canadiense se dio por exitosa.Sin embargo, la revuelta social no acabaría ahí. El incumplimiento por parte del Gobierno con la liberación de los presos provocó que el 24 de marzo se volviera a declarar una huelga general en Cataluña, pero esta se encontró con una reacción más severa por parte de las autoridades, que desplegó al ejército en las calles desde el minuto uno. Para apaciguar las aguas, el 2 de abril se concretó el el decreto que impondría la jornada de 8 horas desde octubre, lo que convenció a muchos trabajadores para volver a sus puestos. El 14 de abril, este segundo paro general se dio por concluido.

En el tumultuoso siglo XIX español, marcado por una agitada vida política y social, surgió una figura singular: Baldomera Larra, hija del renombrado escritor Mariano José de Larra. Sin embargo, la notoriedad de Baldomera no provino de su apellido ilustre, sino de su talento para el engaño y la estafa. Esta intrigante mujer, cuyo nombre resonó en los círculos más selectos de la sociedad de la época, supo utilizar su posición y astucia para estafar a las personalidades más prominentes de su tiempo, grabando su nombre como una de las estafadoras más notorias de la historia.Baldomera Larra Wetoret, tercera hija del matrimonio formado por el escritor romántico y Josefa Wetoret, tenía cuatro años cuando su padre se pegó un tiro en la cabeza, frente al espejo. El desgraciado suceso no impidió que llegara a casarse con Carlos de Montemayor, médico de la Casa Real de Amadeo de Saboya. Sin embargo, pasó de disfrutar una vida acomodada a encontrarse en una delicada situación económica, cuando fue abandonada por su marido: Amadeo de Saboya regresó a Italia, y cuando Alfonso XII ascendió al trono, el médico, muy marcado políticamente, decidió huir, yéndose a Cuba.Baldomera, que prefirió quedarse en Madrid, sola, y a cargo de sus tres hijos, tuvo que agudizar el ingenio para salir adelante.No le quedó más remedio que empezar a pedir dinero prestado a fiadores y prestamistas, de los que acabó aprendiendo el negocio. Con el conocimiento acumulado, en la primavera de 1876, y movida por la necesidad, funda la Caja de Imposiciones, un banco fantasma que, tras pasar por varias ubicaciones, acabó instalándose en el desaparecido Teatro España, en la plaza de la Paja. Conocida como la madre de los pobres, o La Patillas, por su peinado, la noticia de que la hija de Larra multiplicaba los reales corrió de boca en boca y sus clientes, en su mayoría pequeños ahorradores, llegados incluso desde los pueblos cercanos a la capital, acudieron al reclamo de la entidad, que ofrecía pingües réditos de un real por cada duro depositado. Pero, en realidad, lo que había implantado era un método de inversión que más tarde sería el origen de los esquemas de Ponzi.Baldomera no se escondía, era una mujer amable y simpática, con una actividad conocida por todo el mundo. Llegó a ofrecer intereses de hasta el 30% mensual por cada duro invertido, sin más garantía que un papel donde apuntaba el nombre del inversor y la cantidad depositada. Para hacer frente a los pagos, recurría al dinero que le daban los nuevos inversores. Eran tasas tan altas que la fama llegó incluso a traspasar fronteras.Se cree que llegó a captar unos 22 millones de reales, una cifra que es difícil traer a nuestros días, pero que podría equivaler a unos 14 millones de euros actuales. Como siempre en estos casos, es difícil saber el número real de afectados, pero hay diferentes fuentes que lo cifran entre 5.000 y 50.000 personas.Ante las insistentes preguntas del secreto de su negocio, porque la gente tenía dudas, Baldomera respondía siempre que era tan simple como el huevo de Colón. Y cuando las cuestiones hacían referencia a las garantías en caso de quiebre, iba aún más lejos, asegurando que su única garantía, era el viaducto. Sí, el suicidio.Este negocio, que hoy conocemos como estafa piramidal, se vio favorecido entonces por la nueva legislación. De hecho, desde mediados de siglo, este tipo de actividades económicas empezaron a ser cada día más populares.No dura mucho el negocio, pues la burbuja estalla en diciembre de 1876, cuando al propia Baldomera Larra se da cuenta de que no va a poder seguir haciendo frente a los pagos como estaba haciendo hasta entonces, y cuando empiezan a circular rumores sobre la falta de solvencia de la prestamista. La literatura que ha quedado de la época señala que un carbonero se presentó en su casa reclamándole sus ahorros y Baldomera le pagó de inmediato. Pero el incidente desató en ella el pánico a una quiebra inminente si los clientes empezaban a retirar sus depósitos.Al día siguiente, la usurera se dejó ver en el palco del teatro de La Zarzuela, pero antes de que terminara la representación se dio a la fuga a Suiza. Tal fue el escándalo que se organizó entre sus clientes, que, en la tarde del 4 de diciembre, las autoridades tuvieron que intervenir, llegando a tener que presentarse en el lugar el mismísimo delegado de Orden Público, acompañado de varios guardias, y el Juez de Instrucción del Distrito de La Latina.Dos años después y repudiada por su familia, se supo que Larra vivía bajo una identidad falsa en Francia. Se pidió su detención y extradición, pero hubo que esperar al 15 de julio de 1878 cuando regresó a Madrid y fue detenida, con una amplia repercusión en los periódicos de la época. Los años siguientes los pasó en la cárcel.En el juicio, Baldomera adujo en su defensa que se marchó porque acabó con menos ingresos que pagos, por culpa de las informaciones negativas contra ella de la prensa. También reconoció que había establecido una casa donde recibía en préstamo el dinero que le llevaban, comprometiéndose a entregar el 30% mensual, sin ofrecer ni dar garantías de ninguna especie.La sentencia fue portada de periódicos como El Imparcial o La Época el 26 de mayo de 1879. Fue condenada a seis años de prisión y sus colaboradores fueron absueltos. Ella lo sería poco después, tras ingresar en el hospital de la prisión, y gracias a una campaña de recogida de firmas, donde participaron desde gente sencilla, hasta aristócratas perjudicados por el fraude, que inicialmente habían clamado contra la que consideraban una estafadora y que habían solicitado su castigo sin piedad. De hecho, su condición de mujer casada jugó a su favor, ya que, gracias al recurso de casación presentado, el Tribunal Supremo entendió que no tenía capacidad para contratar y, por tanto, los depositantes no tenían consideración de acreedores.La historia de Baldomera Larra es un recordatorio vívido de que el engaño y la estafa no conocen barreras sociales ni títulos nobiliarios. Su cautivadora personalidad, combinada con una habilidad innata para manipular a quienes la rodeaban, dejó un legado sombrío en los anales de la historia. Baldomera Larra, la estafadora ilustre del siglo XIX, desafió las convenciones sociales y abrazó una vida de engaño y falsedad.Aunque el tiempo ha borrado gran parte de los detalles de sus estafas, su nombre continúa resonando como un recordatorio de que incluso los círculos más exclusivos no están exentos de ser víctimas de la astucia y el fraude. Baldomera Larra fue una figura enigmática que dejó una estela de desconfianza en su camino.

Piensa en el euro. ¿Qué imagen te viene a la cabeza? Seguramente billetes o monedas. Puede que también su símbolo. Esa especie de ‘e’ hecha con un semicírculo al que le atraviesan dos líneas horizontales y paralelas por el lado izquierdo. Así se representa la divisa que utilizan centenares de millones de personas cada día. Y es que el euro, aunque nos lo parezca, no es solo dinero. En el fondo es el medio para alcanzar una meta política que nació hace décadas: una Europa que conviva en paz y en la que se integren todas las economías que la configuran. Pero ¿quién diseñó el conocido símbolo de la moneda comunitaria? No se sabe. O, mejor dicho: la Unión Europea nunca ha querido decirlo. Empecemos por el principio. O más bien, por las bases. Consultemos un momento el Tratado de la Unión Europea. En su artículo 3, podemos ver que uno los objetivos del bloque comunitario es establecer "una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro". Por ahora, ese objetivo está conseguido solo en parte: de los 27 países que forman la Unión, 20 tienen el euro como divisa. Croacia fue el último en entrar al 'club' de la eurozona este año. En cambio, Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Suecia y Dinamarca tienen divisas propias. Se podría decir que el euro, realmente, es una declaración de intenciones de la Unión Europea. En el boletín Info€uro, publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2002, esta aseguraba que la moneda única "es uno de los mejores catalizadores para que la gente se identifique con Europa". Pero antes de que la Unión Europea llegara a ese punto, la creación y puesta en circulación de la moneda compartida provocó profundos debates en el seno de la organización. No fue hasta finales del 95, en un Consejo Europeo celebrado en Madrid, cuando la Unión tomó dos decisiones clave: por un lado, que la introducción de la 'moneda única' comenzaría el 1 de enero de 1999; por otro, e igualmente importante, decidió denominar a esa nueva divisa 'euro'. Si la historia hubiera transcurrido de otra forma, hoy en día cobraríamos nuestro sueldo en ecus o en florines. Pero no, lo hacemos en euros. ¿Por qué? Según fuentes de la Comisión Europea consultadas por elEconomista.es, se escogió el nombre de euro por ser "el que mejor simboliza Europa". Y según recogió la BBC en un reportaje publicado en 2019, la elección también se basó en la uniformidad: era importante que la designación de la divisa comunitaria pudiese usarse en todas las lenguas oficiales de la UE. Ahora bien, ¿a quién se le ocurrió el nombre de euro? A Germain Pirlot. Este profesor belga escribió una carta en el verano de 1995 al entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, con su propuesta. Y apenas cuatro meses después fue la opción escogida por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Eso sí, la Comisión ni confirma ni desmiente a este periódico el papel clave de Pirlot en el nacimiento de la moneda europea. Una vez puesto el nombre, faltaba crear un símbolo para hacer reconocible a la divisa única. Bruselas estableció tres criterios para dar con él: primero, debía asociarse claramente a Europa; segundo, ser fácil de escribir a mano; y tercero, tenía que resultar atractivo. El proceso que llevó a la elección del símbolo que todos conocemos hoy en día no fue precisamente rápido. Para empezar, se elaboraron de forma interna en la Comisión Europea una treintena de 'bocetos' diferentes. Según distintos medios, se encargó de hacerlos un comité formado ad hoc por cuatro personas, aunque las fuentes de la institución consultadas por este diario no se pronuncian sobre la veracidad de esta información. Lo que sí confirman es que, de esa treintena de borradores, una decena fue sometida a encuesta "al público en general" que realizó "una organización especializada". De dicha encuesta salieron dos diseños claramente favoritos. Y fueron dos personas las que hicieron la elección final: Santer y Yves-Thibault de Silguy, entonces miembro de la Comisión y responsable de asuntos económicos, monetarios y financieros. El diseño final se reveló en diciembre de 1996. Está inspirado en la letra griega épsilon, que es la primera de la palabra "Europa", y está cruzado por dos líneas paralelas que pretenden simbolizar la estabilidad en la zona del euro. O al menos esa es la explicación que da la Unión Europea. Lo que la organización no ha revelado nunca, sin embargo, es quién o quiénes fueron los creadores de este emblemático símbolo. De hecho, a diferencia de las representaciones de otras divisas como el dólar estadounidense o el yen japonés, la del euro sí está registrada. Es más, la propia Unión Europea, representada a través de la Comisión, es la propietaria de los derechos de autor del símbolo del euro. ¿Por qué la Unión nunca ha hecho público quién diseñó un símbolo tan importante para la propia organización (o, al menos, para una buena parte de esta)? La Comisión no responde a esta cuestión, aunque en 2001 Jean-Pierre Malivoir, entonces responsable de las relaciones públicas del euro, aseguró que no era posible decir quién era el diseñador. "No hubo un individuo, fue un equipo". Arthur Eisenmenger, en cambio, no opinaba lo mismo. Este alemán, fallecido en 2002, aseguró en varias ocasiones que creó el símbolo del euro, aunque sin intención de que fuera tal, antes de jubilarse como diseñador gráfico jefe de la entonces Comunidad Económica Europea. "Lo dibujé sin pensarlo mucho. En aquel momento no pensaba en el euro, sino en algo que simbolizara Europa", afirmó en una entrevista a finales de los 90. Pero la polémica no acaba aquí. Y es que son muchos los que han señalado a otro diseñador gráfico como el autor del emblema de la moneda comunitaria: el belga Alain Billiet. ¿Formó Billiet parte del supuesto comité que elaboró el símbolo del euro? ¿O Eisenmenger? ¿O ambos? ¿O ninguno? Por ahora, no hay respuesta: Bruselas tampoco contesta a estas preguntas. La situación puede resumirse de la siguiente manera: la Unión Europea no ha reconocido quién ideó el emblema del euro, pero aun así tiene los derechos de autor de este. Esto es razonable, según explican tres expertos en propiedad intelectual consultados por elEconomista.es, pues es necesario que la Unión Europea tenga los derechos de autor del símbolo de la moneda única para evitar que firmas privadas hagan un uso comercial y limitativo de este. Y con la información que sí se conoce, es presumible que la Unión y el diseñador, o los diseñadores, suscribieron un contrato de confidencialidad para que se guardara en secreto su identidad. Lo que no está tan claro es a qué se debe este secretismo. Los juristas que han hablado con este periódico también apuntan que, si bien están los derechos legales sobre el símbolo, también existen los derechos morales del autor, o autores. Bruselas podría hacer público quién está detrás de la obra y no perder los derechos de autor sobre esta. No es algo incompatible: dar el reconocimiento no implicaría problemas legales a la Unión Europea. Por tanto, sigue siendo una incógnita la razón tras esta postura deshonesta de las autoridades, más de dos décadas después del nacimiento del euro. Pese a la evidente relevancia del euro en el proyecto de integración de Europa, la moneda comunitaria no es uno de los símbolos oficiales de la Unión. En concreto, la UE tiene cuatro símbolos. El 9 de mayo es uno de ellos: en esta jornada se celebra el Día de Europa, una festividad que no es especialmente conocida, ni está reconocida en el calendario laboral de España, pero no es por ello menos alegórica. Se trata del día en el que la Unión Europea invita a echar la vista atrás y poner en valor la integración pacífica de los distintos países del bloque tras las guerras sufridas a principios del siglo XX. Otro de los símbolos que es menos conocido es el lema de la UE, que fue utilizado por primera vez en el 2000 y reza así: "Unida en la adversidad". En cambio, la bandera de la Unión es más popular: de color azul oscuro y con 12 estrellas amarillas puestas en círculo. Por último, pero no menos importante, está el himno europeo

Los impuestos siempre son impopulares, y si afectan a algo tan necesario como la luz o el aire, más. De esto saben mucho en Inglaterra. En 1696 entró en vigor la denominada 'Ley de Reparación de la Deficiencia del Dinero Recortado', que incluía un tributo a las ventanas. Un ingenio fiscal que tenía como objetivo aumentar la contribución de los ricos a las arcas públicas, pero que degeneró en un grave problema de salud pública.La idea del impuesto fue del Rey Guillermo III, como solución para recuperarse de los gastos que había supuesto la Revolución de 1688, que derrocó al Rey Jacobo II; del agujero que había dejado la guerra con Francia; y de los costes de reacuñar las monedas existentes, ante el "estado miserable" en que se encontraban tras varios procesos de raspado de la plata. En principio, estaba planteada como una medida temporal pero bajo argumentos constantes de estrechez presupuestaria, finalmente se extendió más de siglo y medio.La premisa era simple pero no siempre efectiva. La norma se basaba en la idea de que los más pudientes vivían en casas más grandes y, aunque generalmente era así, su aplicación en las ciudades tenía unos matices mucho más complejos que en las zonas rurales.La progresividad era la característica principal de la medida: a mayor número de ventanas mayor era la aportación. Quienes superaran el máximo exento debían pagar, además del impuesto sobre la vivienda de 2 chelines, del que no se libraba nadie, una tasa adicional cuyo importe variaba en función del número total de ventanas. En las primeras décadas solo afectaba a las edificaciones con más de 10. En 1747, por ejemplo, las propiedades con entre 10 y 14 ventanas pagaban 6 peniques, y aquellas con más de 20, 9. El impuesto aumentó 6 veces entre 1747 y 1808, cuando el límite exento se situó en menos de 6 ventanas.Las familias de apellido de rancio abolengo tenían grandes casas de campo, con decenas de ventanas. La operación era sencilla y los gobernantes vieron en ella una gran opción para llenar la hucha sin entrar directamente en el impuesto a la renta, muy impopular en aquel momento. En el otro extremo estaban los más pobres, a quienes la ley presumía habitando en espacios más pequeños y menos luminosos, por lo que asumirían una menor carga impositiva. El guion se tambaleaba. Si bien la población con menor capacidad económica que vivía en zonas rurales tenía casas más humildes (normalmente exentas del tributo), en las zonas urbanas el asunto se complicaba. En las ciudades, la población de menos recursos vivía en grandes edificios de viviendas que, independientemente de cómo se subdividieran, a ojos de la ley, se consideraban una sola vivienda. Y aquí empezaron los problemas.Para evitar el impuesto, las fachadas de los edificios empezaron a adquirir una curiosa estética que aún hoy puede observarse si se pasea por ciudades como Glasgow o Edimburgo. Cada vez eran más los edificios con ventanas tapiadas con ladrillo o tablones. Fue la solución que aplicaron los arrendadores, porque eran ellos quienes estaban sujetos al impuesto. En el caso de nuevas construcciones, se hacían con espacio reducido para instalar el menor número de ventanas posible.La letra pequeña de la ley agravaba la situación. La ausencia de una definición concreta de lo que se consideraba ventana derivó en una aplicación muy estricta de la norma. Cualquier abertura en la pared que conectara con el exterior era susceptible de ser gravada, incluso las rejillas perforadas de las despensas o agujeros originados por alguna rotura. La luz natural y la ventilación empezaron a ser un lujo al alcance de muy pocos inquilinos.Había quien se libraba, aunque eran pocos. Algunas fábricas y edificios estaban exentos del impuesto. Por ejemplo, las oficinas públicas, las casas de campo que costaran menos de 200 libras por año, las lecherías y queserías, los graneros o las fábricas de autocares entraban en las exenciones porque se entendía que, en su caso, las ventanas eran beneficiosas para el negocio. Para sufragar el coste del impuesto, las propiedades empezaron a subir los alquileres, pero ese no sería el mayor problema de los residentes. La nuevas y oscuras edificaciones fueron un campo de cultivo de enfermedades, que se propagaban a la velocidad de la luz que no entraba en las viviendas. Desde principios del siglo XVIII, el impacto en la salud era tan evidente que se desencadenaron protestas ciudadanas e incluso se recogía en romances populares. El tifus, la viruela o el cólera estaban a la orden del día, e incluso se llegó a desatar alguna epidemia.Un informe firmado por el Doctor Reid en 1845 recogía la advertencia del Comité de Salud local de Sunderland, una ciudad del nordeste de Inglaterra. El documento, que aún guarda el Parlamento británico, recoge el aviso del grupo técnico en el que aseguran haber sido "testigos del efecto [...] maligno del impuesto a las ventanas" y se mostraban unánimes al confirmar que el "taponamiento de las numerosas ventanas causado por el afán de sus dueños de sustraerse al pago del impuesto [...] en algunos casos ha sido la causa principal de muchas enfermedades y mortalidad.Varios estudios de la época denunciaron los riesgos para la población de las condiciones insalubres que propiciaba la falta de ventilación adecuada. El Doctor John Heysham reportó cómo una epidemia de tifus acabó con la vida de decenas de ciudadanos en Carlisle, en 1781. El rastreo del médico situó el origen del brote en una casa habitada por seis familias pobres. Los autores Wallace Oates y Robert Schwab incluyeron en una investigación sobre esta tasa publicada en el Journal of Economic Perspectives en 2015 la descripción de Heysham de las condiciones de vida en aquella vivienda: "Con el fin de reducir el impuesto de ventana [...] toda fuente de ventilación se eliminó. El olor de esta casa era insoportable y ofensivo hasta un punto insoportable. No hay evidencia de que la fiebre haya sido importada a esta casa, pero se propagó de ella a otras partes de la ciudad, y 52 habitantes fueron asesinados".Pese a los evidentes y contrastados efectos nocivos, el impuesto sobrevivió hasta mediados del siglo XIX y finalmente fue derogado en 1851 después de fracasar por tres votos una moción un año antes. Las críticas en los últimos años eran ya insalvables, sobre todo por las dudas que generaba su aplicación. ¿Realmente pagaban más quienes más tenían? Una discusión en la Cámara de los Comunes en 1850, justo antes de la derogación del impuesto, puso el foco en el sentido primigenio de la medida: era un criterio fiable medir la capacidad económica conociendo el valor de la propiedad. Sin embargo, casi un siglo antes, el escocés Adam Smith, considerado fundador de la ciencia económica, apuntó en La Riqueza de las Naciones, en 1776, que el número de ventanas podría ser una medida "muy pobre" de la valor de una vivienda: "Una casa de 10 libras de alquiler en el campo puede tener más ventanas que una casa de 500 libras de alquiler en Londres y aunque es probable que el primero sea un hombre mucho más pobre que el del segundo, el impuesto a la ventana establece que debe contribuir más al apoyo del estado".Lo cierto es que los ciudadanos de Inglaterra ya estaban acostumbrado a excentricidades fiscales. El impuesto a las ventanas tenía un antecedente: el impuesto al hogar que aprobó en 1662, después de la Restauración, Carlos II y que consistía en un tributo de 2 chelines por cada hogar y estufa en las casas de Inglaterra y Gales. Este gravamen también fue muy impopular, además de por el afán recaudatorio en sí, por el carácter intrusivo que implicaba. Y es que los 'chimeneros' (como se llamaba a los tasadores y recaudadores de impuestos) entraban en los edificios para contar el número de hogares y estufas.El 'impuesto de la ventana' es historia pero muchos edificios conservan la esencia de la época. Incluso alguno construido una vez derogada la ley mantuvieron el 'estilo' para equilibrar el aspecto de los bloques de viviendas.Existen muchas historias giran en torno a esta tasa, aunque algunas son calificadas como mito. Como la que señala que el dicho inglés 'robo diurno' tiene su origen en aquella ley. También generó muchas dudas en la época: ¿por qué la producción de vidrio se mantuvo igual si el inmobiliario solicitaba mucho menos? Las 'malas lenguas' apuntan a que el impuesto también se habría utilizado como una forma de evasión fiscal.